Estos 8 países latinoamericanos se comprometen a integrar a los migrantes venezolanos

Menos palabras y más acción es lo que han instado las que 13 países de América Latina que se han reunido esta semana en Ecuador para abordar por segunda vez la crisis migratoria en Venezuela. Tras  dos jornadas de debate, ocho de esos Gobiernos -Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay-  han aprobado un “plan de acción” que contempla “robustecer las acciones tendientes a facilitar la movilidad humana de los ciudadanos venezolanos en los territorios de los países signatarios”.

A diferencia de la convocatoria de inicios de septiembre, en donde se pidió a Venezuela que ponga solución a sus problemas internos para resolver de origen el problema de la multitudinaria migración de venezolanos, los países reunidos, los más afectados por el éxodo, han decidido adoptar una postura más dinámica. “Nos urge articular propuestas y acciones concretas, efectivas, innovadoras para gestionar, obtener y canalizar los recursos y el apoyo técnico y financiero de agencias multilaterales”, dijo el canciller ecuatoriano, José Valencia, en la inauguración. A la cita acudieron también organismos internacionales y financieros, así como representantes de Naciones Unidas.

Se ha hecho hincapié, además, en la necesidad de que el apoyo internacional empiece a llegar a los territorios con más presión migratoria, pese a que el panorama ha cambiado, al menos sus cifras. Si Ecuador, el anfitrión de la segunda cumbre de movilidad humana, recibía hace dos o tres meses alrededor de 4.000 personas cada día, ese flujo se ha reducido a un millar desde que el Gobierno de Lenín Moreno decidió restringir la entrada solo a quienes portaran documentos de identidad válidos y en vigor. En cualquier caso, la declaración conjunta deja negro sobre blanco la necesidad de trabajar por “una adecuada inserción económica y social de los nacionales venezolanos” de acuerdo con “las posibilidades y la legislación de cada país de acogida” y con el apoyo de los organismos vinculados a la ONU. Se trata, en definitiva, de encontrar soluciones para regularizar en cada país a los cientos de miles de venezolanos desplazados que están en riesgo de caer en redes de explotación y en obtener recursos para afrontar la presión económica que el éxodo masivo genera en cada territorio receptor.

El tono de la segunda reunión ha sido, no obstante, más amigable que el de la cita de septiembre, cuando el flujo migratorio estaba en su momento más alto. Los países firmantes invitaron a los Gobiernos de Guatemala y República Dominicana, que participaron en las dos jornadas, a sumarse al plan de acción. Lo mismo hicieron con Brasil, México y Panamá, que ya suscribieron la anterior declaración.

El canciller ecuatoriano, en sintonía con el ambiente, ratificó este viernes en un discurso más conciliador que el único norte que orienta las decisiones de Ecuador es la defensa de los intereses nacionales, precisando que eso incluye “toda la gente, todas las regiones, independientemente de la posición social o política de las personas”. Hace un mes, sin embargo, el Gobierno de Moreno ordenó la expulsión inmediata de la embajadora de Venezuela en Quito como respuesta a unas declaraciones de Caracas que ponía en duda las cifras de venezolanos recibidos por Ecuador. El roce terminó con un duro comunicado de Ecuador que tachaba de “corrupto”, “nefasto”, “asesino” y “mentiroso” a el régimen de Nicolás Maduro por su gestión de la diáspora venezolana.

Como era de esperar y como ya sucedió en la primera convocatoria, ningún representante de Caracas acudió a la reunión de movilidad humana que se celebró este jueves y viernes. Pero, en esta ocasión, Bolivia también se ausentó. El aliado de Venezuela sí acudió a la cita de septiembre pero fue el único país que decidió no firmar el comunicado conjunto -República Dominicana tampoco lo hizo pero se excusó en un inconveniente de salud de su delegado- en el que se exigía al Gobierno de Maduro que permitiera que la ayuda humanitaria entrara a su territorio para atender a sus ciudadanos.

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